Por Paulina Fiscal.
Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, política y cultural.
El modo de vida de los habitantes influye sobre el modo en que establecemos vínculos con el territorio, es por eso que hoy por hoy, a falta de oportunidades en la zona rural, se ha intensificado la migración poblacional hacia los centros urbanos. Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%, en contraste con el 37% que había en 1970(1). Esto se puede traducir en la creación de una tendencia global en la expansión de las manchas urbanas, demandando mayor área y servicios urbanos.
Tan solo en Querétaro, la mancha urbana de la zona metropolitana ha crecido 14 veces más en un periodo de 30 años: su crecimiento fue de 800 hectáreas existentes en 1980 a 11 mil hectáreas al término del 2009. (2). La expansión de las ciudades implica una necesidad de urbanización de las áreas verdes o rurales, e incluso la destrucción de áreas protegidas. Un cuestionamiento atinado sería preguntarnos si es necesaria la destrucción y transformación de estas áreas para ofrecer mayor calidad de vida a las personas, tomando en cuenta los daños ecológicos irreversibles que implican la creación y el desarrollo de comunidades urbanas. ¿Debemos impulsar el desarrollo urbano, a pesar de que sea el principal generador de crisis ambientales?
Desde la realización del I Foro Social Mundial en el año 2001, distintas instituciones y países han discutido y asumido el desafío de construir modelos sustentables de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, principios éticos universales fundamentados sólidamente en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Este interés se concretó en el 2004 en la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, articulada por Habitat International Coalition (HIC), un paso fundamental en la construcción del derecho a la ciudad.
El Derecho a la Ciudad amplía la perspectiva sobre el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sirve como mecanismo de protección, sobre todo de la población que vive en las urbes o regiones en acelerado proceso de urbanización. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad consta de cuatro puntos, relativos al ejercicio de la ciudadanía y a la participación en la planificación, producción y gestión de la ciudad, al impulso de la economía solidaria, compromiso social del sector privado; y sobretodo refuerza la importancia de los derechos humanos universales, tales como el trabajo, la vivienda, la libertad, la igualdad y no-discriminación. Sin embargo, este texto no ahonda ni realza la gran importancia de tener un medio ambiente sano y sostenible. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad cuenta con puntos de gran valor e importancia, pues exigen el respeto a dignidad humana y derechos humanos universales, pero estos no hablan del daño ecológico que generan las ciudades y los procesos de urbanización.
Si el urbanismo (comprendiéndolo como el estudio de la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio) toma como puntos de partida el respeto y ejercicio del derecho a la ciudad, debería concientizar y exigir también un respeto a la naturaleza. Han existido decretos que fomentan el respeto al medio ambiente, al ser partícipe en el desarrollo humano a lo largo del tiempo. En 1997, las Naciones Unidas promovió formar una comisión para el proyecto llamado “La Carta de la Tierra”. El proyecto de la Carta de la Tierra comenzó como una iniciativa de las Naciones Unidas, pero se desarrolló y finalizó como una iniciativa de la sociedad civil. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales, que busca la construcción de una sociedad global sostenible, justa y pacífica en la actualidad. Este decreto habla del respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, justicia social y económica y la democracia, no violencia y paz.
El urbanismo no debería tener un enfoque de beneficio humano inmediato, es necesaria una perspectiva más global y amplia, pues regularmente se ignora que las ciudades promueven crisis ambientales.
Tan sólo en Querétaro, a lo largo de 30 años se han urbanizado 10,200 hectáreas, implicando la necesidad (como en toda ciudad) de un mayor número de recursos hídricos, producción y consumo de energía. Estos procesos han generado una mayor contaminación del aire y degradación de tierras y ecosistemas, además de una multiplicación de emisiones residuales. No olvidemos que, en una comparativa con comunidades rurales, normalmente los asentamientos rurales carecen de la infraestructura y los servicios básicos tales como agua potable, drenaje, electricidad, y telefonía, generando que sus habitantes tengan mayores riesgos de contraer enfermedades y a una mayor mortalidad debido a la accesibilidad de servicios médicos y la influencia negativa del medio ambiente donde residen. Además, el impacto de los desastres naturales es mucho más severo en comunidades con pobre desarrollo de prevención, mitigación y capacidad de respuesta. Estas condiciones han generado una gran migración de los habitantes rurales, en esta búsqueda intrínseca del ser humano por su realización plena y mejores condiciones de vida.
Y bien, ¿quiénes han sido los responsables que han permitido la degradación del territorio y de manera consecuente, la reducción en la vida de los habitantes de las urbes? La ciudad es un mundo complejo de intereses, al albergar gran parte del desarrollo económico, político y social de la mayoría de los países. El ideal de una ciudad busca que los espacios, bienes e intereses públicos, privados y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Este ideal difícilmente se ve realizado, pues los intereses de la mayoría se ven opacado por el interés de pocos.
Si realmente existiera un compromiso social del sector privado y el sector público en buscar condiciones que busquen el bien común, las ciudades contarían con estrategias de desarrollo urbano con menor impacto ambiental. Los ciudadanos también cargan con una importante responsabilidad en minimizar la huella que generamos en el medio ambiente, pues somos los principales consumidores dentro las ciudades. Todos somos corresponsables y afectados de nuestra toma de decisiones al vivir en la ciudad, pues cada acción repercute en la vida de los ciudadanos. Al tomar medidas preventivas y tomar conciencia de nuestro estilo de vida, podremos generar ciudades más conscientes de cómo vivir en sociedad sostenible, justa y pacífica.
Podríamos inferir que los procesos de urbanización generan situaciones de vulnerabilidad, en vez de situaciones de mejora de calidad de vida, pero no olvidemos que las ciudades han permitido que los derechos humanos universales sean respetados y satisfechos: la democratización del acceso a los servicios públicos, al trabajo, a la vivienda, a una educación (especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad) promueve la justicia social y el desarrollo de una sociedad íntegra. De igual manera, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad permite un desarrollo sostenible, un desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. La Carta por el Derecho a la Ciudad y La Carta de la Tierra, textos promovidos por la ONU, son promotores del respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en un alcance tanto regional como global.
Es pertinente impulsar el desarrollo urbano, bajo una visión íntegra y sostenible, ética y democrática.
Las ciudades se han vuelto áreas que requieren con urgencia de una atención especial en las evaluaciones ambientales y en la planificación y administración ambiental. Las actividades humanas siempre generarán un impacto medioambientales, pero éstas pueden ser minimizadas a través de la aplicación de algunas alternativas que, aunque en la actualidad no representen la solución definitiva, contribuyen a una mejora en la calidad del medio ambiente: el uso de energías renovables, la disminución de residuos, la depuración de las aguas o la creación de una conciencia ecológica.
Pongamos en evidencia que la ciudad consta de una distribución de beneficios y responsabilidades; de compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades; y así promover ciudadanos comprometidos con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables.