Por Berenice Pérez.

Desde hace unos años, el concepto “ciudadano” es utilizado indistintamente en campañas políticas y publicitarias; por un lado, como parte de una estrategia para generar empatía y un sentido de inclusión entre los individuos, y por otro, por una tendencia global que señala la necesidad del involucramiento de los individuos en cuestiones públicas para generar cambios sociales exitosos y trascendentales.

Esta imagen contemporánea en torno al ciudadano y su relación con la esfera pública, nace de las interacciones que a través del tiempo se han generado entre los individuos, las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. En la actualidad parece evidente que existe una relación entre la viabilidad y estabilidad de una democracia con las cualidades y actitudes de los individuos que habitan un lugar determinado. A través del tiempo ha quedado demostrado que el garantizar derechos como el voto, la salud, la educación y la estabilidad de las instituciones, no se traduce automáticamente en tener una sociedad democrática funcional, necesitamos individuos informados, empoderados y capaces de construir una mejor realidad para todos.

A pesar de contar con leyes que impulsan la participación ciudadana e instituciones que a su vez la promueven, ¿por qué pareciera que en México el gobierno y las empresas son fuertes, pero que nuestra sociedad civil es cada vez más débil? Me gustaría reflexionar en la percepción de que existen pocos ciudadanos comprometidos, a través del análisis de los cambios institucionales y culturales que anteceden nuestro contexto actual.

Ser ciudadano ha tenido distintos significados a lo largo de nuestra historia, y ha sido abordada mediante distintas tradiciones teóricas:

1.- La tradición liberal, entiende que la ciudadanía es un estatus, lo cual otorga al ciudadano derechos garantizados por el Estado.

2.- La tradición comunitaria, se enfoca en el individuo, y entiende a la ciudadanía como una condición que se define por el hecho de sentirse parte de una comunidad, esperando que los ciudadanos cuenten con valores cívicos y gusten de servir en su comunidad.

3.- La tradición republicana, entiende que el ciudadano comparte una identidad cívica común la cual es modelada a través de la participación en la esfera pública.

Tomando en cuenta estas tradiciones, Ramírez (1995) identifica dos dimensiones del concepto de ciudadanía. La dimensión sustantiva, la cual se refiere a la ciudadanía como un estatus jurídico; y la dimensión adjetiva, la cual hace referencia a una serie de comportamientos y actitudes cívicas deseables en el individuo.

Imagen 1

En cada periodo o etapa de gobierno, la idea del ciudadano es evaluada y redefinida a través de la interacción que se generan por los cambios políticos y sociales, además de la trasformación de las necesidades, la educación, los intereses, las vivencias y las demandas de los individuos. Existe evidencia que nos hace afirmar que, en nuestro país, a lo largo de la historia se dieron las condiciones para que se construyera una idea del ciudadano con mayor orientación a la dimensión sustantiva y con una óptica liberal.

Abonando en este sentido, González (2011) hace un recuento histórico, de una importante parte del proceso de construcción de la idea del ciudadano en nuestro país, enumerando aquellos atributos que el Estado ha identificado como deseables en los ciudadanos en cada periodo de 1920 a 1988.

Con el Presidente Lázaro Cárdenas, los atributos atesorados se orientaban hacia habilidades técnicas para el trabajo, ser cooperativo y estar asociado en colectivos y en sindicatos. Con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, para ser considerado ciudadano solo se necesitaba contar con la mayoría de edad, exaltar el valor de los héroes del pasado, el amor a la patria, participar en los actos conmemorativos (entendido como civismo), pero sobre todo respetar y obedecer las leyes e instituciones. En el periodo de 1970-1988 el discurso democrático se reforzó, se hablaba de ciudadanos informados y de la participación política a través del sufragio. Con Carlos Salinas de Gortari, en el ciudadano se valoraba una actitud de celebración cívica, y éste valorara y reconociera los principios cívicos que los buenos mexicanos han ido preservando como una herencia nacional.

De las relaciones sociales que se formaron entre el individuo, su comunidad y el aparato institucional nacieron en los ciudadanos valoraciones, interpretaciones, actitudes y prácticas que orientaron su sentimiento de pertenencia, su comportamiento en la comunidad y su participación en la esfera pública. Los atributos comunes que emanan de este proceso, claramente se orientan hacia la dimensión sustantiva del concepto de ciudadanía, en donde se valoraba principalmente ser castellanizado, obedecer las leyes, ser servicial, trabajador y atesorar nuestra historia.

Podemos asegurar que a lo largo de nuestra historia cada acción política fomentada desde el Estado, marcó un patrón de políticas institucionales que generaron la construcción de una ciudadanía pasiva. Escalante Gonzalbo (2009) ilustra esta situación en su libro Ciudadanos Imaginarios, donde explica que el proyecto liberal en México nació con deficiencias y desigualdades que dificultaron se propagara la idea de pertenencia a una comunidad, el reconocimiento del gobierno como una institución confiable y generadora de beneficios. Las prácticas institucionales no se encausaron para producir un sentimiento de cooperación en los asuntos comunes, por esta razón se generó en los individuos un tipo de ciudadanía imaginaria, en donde más allá de las implicaciones jurídicas que no eran equitativas, los individuos no tuvieron posibilidades de incrementar habilidades y capacidades cívicas que les facilitaran su desenvolvimiento social.

Podríamos analizar si actualmente se están generando nuevas formas de interacción entre el gobierno y la sociedad que detonen en una ciudadanía activa y participativa. Comencemos por hacer un breve recuento de la historia de la apertura democrática en nuestro país que nos brinda algunas claves para tratar de responder también a nuestra pregunta inicial.

A principios de los ochenta, se establecieron reformas en nuestro sistema político, resultado de demandas sociales, electorales, sindicales y también demandas de abuso de autoridad y violación a derechos humanos. Nuestro sistema político poco a poco fue abriéndose, y se dio paso a la creación de instituciones y procesos ciudadanizados. Tal es el caso de la publicación de la Ley de Planeación [1], cuyo objetivo central fue el de consolidar la democracia a través del impulso de la participación activa de la población en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno.

A principios de los noventa, se crearon leyes que incluían a la participación ciudadana como una herramienta del ejercicio democrático gubernamental, detonando en un juego político más plural, y bajo principios de igualdad y de leyes claras y aplicables. Así se crea una nueva legislación electoral y una institución encargada de llevar a cabo las elecciones y vigilarlas con el principio de autonomía y pluralidad, además de la supresión y modificación de las atribuciones constitucionales y meta constitucionales del Presidente.

El sistema político encontró equilibrio, ya que se implementaron acciones para reforzar al Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de que se crearon instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos. Entre 1995 y el año 2000 se aprobaron leyes que incluían a la participación ciudadana como un elemento importante, invitando al ciudadano a elaborar propuestas políticas y a intervenir en la evaluación de las mismas definiendo mecanismos concretos [2].

Imagen 2

Partiendo de estas reformas, parecía que las condiciones eran idóneas para que nuestro país avanzara en la ruta de la consolidación de un régimen democrático de libro de texto, sin embargo, es un hecho que nuestra realidad dista mucho de este ideal.

Podemos formarnos una opinión sobre el tema, al revisar los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas del 2012, donde se indica que ocho de cada diez ciudadanos perciben a la política como un tema complicado o muy complicado, el 65% de los entrevistados declaró tener poco interés en la política, cuatro de diez ciudadanos consideran que en el futuro tendrán menos posibilidad de influir en las decisiones de gobierno, pero el 44% percibe que organizarse para trabajar en una causa común resulta complicado o muy complicado.

Estos datos reflejan que aún con los cambios institucionales, nuestros habitantes no muestran un comportamiento de empoderamiento y compromiso en la esfera pública. En nuestro país se cumplieron con las reformas legales necesarias para un Sistema Político abierto y plural, pero se dejó de lado, por falta de voluntad política o visión, trabajar en estrategias puntuales para educar a la población para la ciudadanía. Que los individuos se asuman en un rol de ciudadano, se reflejaría directamente en una serie de valores o actitudes deseables como tolerancia, sentimiento de identidad con su comunidad, disposición a trabajar con individuos diferentes, un creciente deseo de participar en el proceso político, responsabilidad de sus actos y conciencia de sus deberes cívicos. Estos atributos, como explica Russo (2010), no son retórica para demagogos sino condiciones del cumplimiento o negación de un buen orden democrático.

Estamos más cerca de poder responder:

¿Por qué nuestra sociedad civil es débil? ¿Qué podemos hacer al respecto? Espera mi siguiente artículo, por lo pronto me gustaría conocer tu opinión, escríbeme a bereperezortiz@hotmail.com @bere_perez

Berenice Pérez
Referencias
Créditos
Berenice Pérez Ortiz es Politóloga y Maestra en Ciencias Sociales, investigadora social, mujer entusiasta, ciudadana participativa, lectora efusiva y chef amateur. Fervorosa de las artes, la risa, los canes y el existencialismo, anhela una verdadera justicia social, la información veraz y la ayuda desinteresada.
 
[1] Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. 

[2] Por ejemplo la Ley General de Educación, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, La Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
 
Imagen de portada: Actividad Cultural 1 / Autor: Walter Cruz 

Imagen 1: Paisaje / Autor: Walter Cruz. 

Imagen 2: Actividad Cultural 3 / Autor: Walter Cruz